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SAN JUAN – La transferencia de miles de empleados de la AEE a otras agencias gubernamentales le costará al gobierno más de $200 millones anualmente, según un informe del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) revelaron hoy, miércoles, la coalición de organizaciones comunitarias, ambientales y sindicales que apoyan la propuesta Queremos Sol.
La coalición agrupada para la transformación del modelo energético de Puerto Rico, denunciaron en declaraciones escritas que la Junta de Control Fiscal (JCF) no analizó el impacto negativo del contrato de LUMA Energy sobre el presupuesto del gobierno y el Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Según las organizaciones la Junta publicó no fue hasta el pasado 24 de agosto, que envió una carta dirigida a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), solicitándole datos sobre los salarios y beneficios de los exempleados de la AEE, el impacto de la transacción de LUMA sobre el Sistema de Retiro de la AEE, e información sobre los puestos en el gobierno a donde han transferido a los exempleados.
“La Junta ha defendido agresivamente este contrato a pesar de las críticas y denuncias de diversos sectores. Ahora, cuando es evidente el costo millonario de esta implementación fracasada, la Junta admite que no tiene ningún análisis financiero del impacto ni en el presupuesto del gobierno ni en el sistema de retiro. Esto es un fiasco y es inaceptable,” sostuvo Ingrid Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de CAMBIO.
La carta de la JCF indica que “varias agencias, algunas de las cuales han recibido cientos de empleados transferidos, han expresado preocupaciones sobre costos laborales, falta de asignación de fondos, inversión capital requerida, e impactos en el flujo de efectivo asociados con estas transferencias”.
Indicaron que fue la misma JCF la que a finales de junio aprobó un presupuesto para el gobierno central que redujo los presupuestos de nómina de las dos agencias que recibieron la mayor cantidad de empleados transferidos.
“Cuando la JCF, en su costumbre antidemocrática, amenazó con demandar a la Legislatura si detenían la implementación del contrato para resolver los problemas laborales, ellos dijeron que el contrato de LUMA cumplía con los Planes Fiscales del gobierno central y de la AEE. ¿Cómo llegó la JCF a esa determinación cuando ahora descubrimos que la JCF todavía no tiene claro el impacto presupuestario del contrato?”, cuestionó el profesor Agustín Irizarry, pasado representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE y catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, refiriéndose a una carta de 6 de abril de la JCF a la legislatura.
El profesor Irizarry enfatizó que la Ley PROMESA requiere que los planes fiscales contengan fondos adecuados por los sistemas de retiro públicos.
“La JCF estuvo muy involucrada desde el principio en la confección del contrato de LUMA. Ahora que comienza a hacerse realidad el impacto en costos, la Junta está tratando de distanciarse y echarle la culpa al gobierno ante lo que claramente fue un trabajo deficiente y sesgado en el que faltó rigor, información y análisis”, dijo Federico Cintrón Moscoso, director ejecutivo de El Puente Enlace Latino de Acción Climática.
Según la organización CAMBIO, Citi, un asesor financiero de la JCF, participó activamente en el proceso de licitación del contrato. Alega que documentos en su poder, el rol de Citi incluyó contestar todas las preguntas de los licitadores durante el proceso de solicitud de propuestas, reuniéndose con los licitadores, y proveyendo una evaluación de las propuestas al Comité de Alianzas que seleccionó a LUMA. Aseguran que el contrato entre Citi y la JCF revela que la JCF pagó a Citi un incentivo de 9.1 millones de dólares para la consumación exitosa del contrato de LUMA y que recibirá incentivos adicionales que superan los 7.5 millones de dólares por la ejecución de contratos para la privatización de la generación de la AEE.
“La Junta tuvo un papel grande en el diseño de la privatización, aprobó el contrato, amenazó a la legislatura, ignoró sus críticos y certificó que el contrato de LUMA ahorraría dinero. Ahora la privatización está costando el gobierno cientos de millones de dólares y la Junta está criticando el gobierno. No es extraño que Puerto Rico todavía no tiene acceso a los mercados de bonos después de cuatro años. La Junta ha perdido toda credibilidad”, dijo Tom Sanzillo, director de análisis financiero de IEEFA.
Se prevé que los contratos para la privatización del sistema de generación de la AEE se anuncien para el fin del año. Las organizaciones que apoyan la propuesta Queremos Sol urgen a la legislatura a asumir un rol fiscalizador más agresivo sobre estos contratos propuestos.
“La JCF ha mostrado no tener la capacidad para evaluar de manera responsable los impactos de los contratos que la propia Junta confecciona”, planteó Vila Biaggi.
