Por: Redacción Presencia
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LA FORTALEZA- La secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, aseguró hoy que sostendrá reuniones con distintas organizaciones sindicales para negociar los efectos de la nueva ley de emergencia fiscal presentada por el gobernador Alejandro García Padilla.
“Acogemos la apertura y disponibilidad expresada por varios sindicatos para entrar en un proceso de diálogo y negociación sobre las medidas necesarias para lograr ahorros en los beneficios económicos de los empleados. Nos encontramos a la espera de recibir la carta que anticiparon enviarán para coordinar la primera reunión”, sostuvo la Secretaria de la Gobernación en declaraciones escritas.
El pasado miércoles se informó que la administración del Gobernador busca deshacerse de las obligaciones contractuales que el gobierno tenga en términos de los compromisos firmados en convenios colectivos con las uniones y sindicatos del sector público como una estrategia para alcanzar las economías necesarias para mantener un presupuesto cuadrado y conjurar la crisis fiscal que afecta al País.
De acuerdo con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Carlos Rivas, debido a que el presupuesto propuesto es uno “complejo”, el mismo incluye más de 35 medidas, con las que se pretenden alcanzar las economías necesarias para cuadrar el mismo de la manera “más sensible e inteligente”.
“Hay muchas medidas legislativas… esta es sin duda la más importante. Es una ley que se configura como una declaración de emergencia fiscal que toca parcialmente derechos propietarios, o contractuales y elementos que tienen un ámbito constitucional. El enfoque es principalmente en el área de gastos… la medida como tal no tiene recaudos, como dijo el Gobernador, no hay impuestos nuevos. Además la medida establece muchos mecanismos de control de gastos”, explicó Rivas.
Entre esos mecanismos de control de gastos se destacan la suspensión de aumentos en beneficios, la eliminación de la liquidación anual del exceso en la licencia por enfermedad no utilizada (el cheque del “enfermito”) y uniformar del bono de Navidad en el gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas, entre otros.
Aunque Rivas señaló que estos mecanismos se plantean por vía de la renegociación de convenios colectivos, éste aclaró que de no alcanzarse las economías específicas contenidas en el documento de presupuesto, la Ley de Sustentabilidad Gubernamental, provee al estado la autoridad para alcanzarlas. No obstante, Rivas no especificó los mecanismos para así hacerlo, aunque reconoció que sería mediante imposición.
