Por: Redacción Presencia
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RÍO GRANDE- El alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, ha pernoctado desde la pasada semana en el Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo, tras ser acusado por cargos de extorsión, soborno y obstrucción a la justicia.
10 de julio de 2014
Rivera Correa fue arrestado en la mañana por agentes federales por supuesta corrupción. En una conferencia de prensa, la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, lamentó que Rivera Correa «traicionó la confianza de los ciudadanos de Río Grande, que no merecen un alcalde deshonesto».
Rodríguez informó que un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio el 8 de julio contra Rivera Correa y Alejandro Carrasco Castillo, quien era asesor legal del Municipio. Rodríguez explicó que los sobornos estaban relacionados a programas que reciben fondos federales.
Según la acusación, entre febrero de 2010 y febrero de 2012, el Alcalde recibió aproximadamente $39 mil en pagos en efectivo de una persona identificada en la acusación como «Contratista A».
Los pagos que hacía este contratista a Rivera Correa eran con la intención de influenciar los negocios que hacía con el Municipio. Uno de los contratos por inspección de trabajos de construcción fue por $98 mil y otro por $171 mil, e incluían la posibilidad de renovaciones futuras. Rivera Correa supuestamente intentó extorsionar al contratista y le exigió $4 mil en efectivo para comprar boletos para una cena política a cambio de continuar haciendo negocios con el municipio de Río Grande.
11 de julio de 2014
El gobernador interino, David Bernier, pidió la renuncia inmediata del Alcalde de Río Grande al conocer los detalles que acompañan la acusación en contra de Rivera Correa.
“Le hacemos un llamado a que renuncie a su cargo inmediatamente. Estamos convencidos que esto es lo que procede y lo más correcto. Al mismo tiempo le solicitamos al secretario de Justicia, César Miranda, que proceda con la mayor diligencia posible con los trámites necesarios para solicitar la suspensión del Alcalde, según lo dispuesto en la Ley del Fiscal Especial Independiente”, dijo Bernier.
Por otra parte, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Jorge Suárez, anunció que tras el arresto por parte de las Autoridades federales del alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa, éste fue suspendido de las posiciones de liderato que ocupa dentro de la colectividad.
Suárez emitió unas declaraciones escritas consignando la determinación contra el incumbente de la pava, que ahora enfrenta acusaciones por corrupción junto al abogado Alejandro Carrasco.
Rivera Correa era presidente del Comité Municipal de Río Grande, miembro de la Junta de Gobierno en representación del Distrito de Carolina, miembro del Consejo General y la Asamblea General del PPD.
14 de julio de 2014
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó la suspensión sumaria del alcalde de Río Grande acusado por el gobierno federal de corrupción pública. La Resolución ordena la entrega inmediata de bienes muebles en posesión o bajo el control del suspendido Alcalde, entre éstos, automóviles, celulares, computadoras, expedientes y cualesquiera otros documentos o propiedad municipal.
15 de julio de 2014
El magistrado federal, Marcos López, se reservó el fallo en la vista para la determinación de fianza en el caso por corrupción en contra del alcalde de Río Grande, Eduard Rivera Correa.
Luego de la presentación en corte de dos testigos por parte de la fiscalía federal y la estipulación de otros 26 por parte de los abogados de la defensa de Rivera Correa, y tras casi cinco horas de sesión, el magistrado, López anunció a las partes que habrá de comunicarles su fallo de manera electrónica a través del sumario electrónico (“docket”) del caso.
Durante la vista, que tuvo lugar el pasado lunes en la tarde, el fiscal federal Charles Walsh argumentó delante del magistrado López que a Rivera Correa debía negársele la fianza debido a que éste representa un riesgo para la seguridad, no solo de los testigos en el caso, sino también para la comunidad.
Como evidencia del carácter violento del alcalde, Walsh presentó en corte varios segmentos de las distintas grabaciones que investigadores del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) hicieron de conversaciones entre Rivera Correa y el co conspirador número uno (CHS1), a quien se identifica en las grabaciones como “Juan Carlos”.
Las grabaciones fueron validadas por el agente Edwin R. López.
El coacusado en este caso, el abogado Alejandro Gabriel Carrasco Castillo, de 57 años, se declaró no culpable a través de su abogado Gary Montilla. En su caso, el fiscal federal Charles Walsh no tuvo reparo a que se le concediera fianza, por lo que se le impuso una fianza de $75 mil asegurados a través de efectivo o garantía de propiedad, y tiene 14 días calendario para prestarla.
De ser encontrado culpable, Carrasco Castillo se enfrentaría a una pena de hasta 10 años de cárcel, mientras que el Alcalde se expone a hasta 20 años de prisión.
