SAN JUAN – Salvaguardar la privacidad de los ciudadanos es el objetivo primordial de un novel proyecto de ley que busca limitar el uso y disposición de la información recopilada por los sistemas de videograbación electronica, de las ramas del gobierno y los municipios; aseguró el autor de la medida, el representante penepé, Urayoán Hernández Alvarado.
“El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que el derecho a la intimidad es un derecho fundamental del ser humano de alta trascendencia en nuestra sociedad que, está consagrado en las secciones primera y octava de nuestra Carta de Derechos. La Constitución de Puerto Rico garantiza expresamente el derecho a la intimidad cuando establece que: ‘toda persona tendrá derecho a protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar’, señaló Hernández Alvarado.
Según el representante novoprogresista, esta iniciativa además establece la política pública para el uso y disposición de la información recopilada por los sistemas de videograbación electrónica; crear los mecanismos administrativos para la canalización de las quejas sobre el uso, disposición y acceso a la información.
Entre lo que se pretende regular se encuentra, el que los sistemas de videograbación electrónica no se instalen en áreas donde existe una expectativa de intimidad y/o privacidad razonable.
También será obligatorio colocar rótulos y advertencias en las áreas designadas por la administración y/o cerca de la proximidad de cada cámara de sistemas de videograbación electrónica, para informar a los empleados o a las personas que se encuentra en un área donde se graba electrónicamente.
“Ahora mismo, si visitamos alguna agencia de gobierno podemos, si acaso, observar un rotulo que indica la presencia de cámaras de seguridad. Esto no puede ser. El ciudadano tiene que saber exactamente dónde y cómo lo están grabando. Al instalar estos sistemas, las agencias tienen que notificar a sus empleados, así como al público en general”, comentó Hernández Alvarado.
Para garantizar que nadie sin autorización pueda tener acceso a las grabaciones, el representante PNP planteó que las videograbaciones electrónicas permanezcan en una bóveda fuera del alcance de terceros durante el término de un año a partir de la fecha de grabación de la última imagen contenida en los mismos, salvo orden de extensión de término.
(CyberNews)
