SAN JUAN – Los representantes Ángel Peña Ramírez y Yashira Lebrón Rodríguez anunciaron el martes, la radicación de una medida que busca excluir del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) todos los servicios relacionados al corretaje de bienes raíces tanto residencial, comercial, agrícola e industrial, como medida para incentivar las transacciones de venta y compra de propiedades.
“La Industria de Bienes Raíces en la Isla siempre ha sido uno de los sectores más importantes de nuestra economía. Lamentablemente, también ha sido de las más impactadas por la recesión que atraviesa Puerto Rico. La misma ha sido testigo de la reducción significativa de los valores de las propiedades año tras año, de la merma de construcción de residencias y edificios, proyectos nuevos que no se logran vender, el difícil acceso al crédito, el incremento de la morosidad, así como las decenas de miles de ejecuciones de hipotecas. Tenemos que actuar para promover la reactivación de este importante sector económico, por eso sugerimos esta medida”, comentó Peña Ramírez en declaraciones escritas.
Según explicó Lebrón Rodríguez, quien representa el Distrito 8 de Bayamón, “la imposición del IVU a los servicios de bienes raíces está teniendo un efecto perjudicial en la industria y más importante aún en el consumidor, reduciendo las transacciones de bienes raíces y por ende reduciendo el ingreso producto de los impuestos recaudados. Tenemos que actuar o vamos a perder aún más”.
Explicó que los servicios a ser excluidos del IVU serían los trabajos que provee un corredor, vendedor o empresa de bienes raíces para la venta o alquiler de cualquier propiedad localizada en Puerto Rico, tanto residencial, comercial, agrícola o industrial, así como de tasación, estudio de título, agrimensor e inspección, entre otros
De acuerdo a los legisladores del Partido Nuevo Progresista, la industria de Bienes Raíces de Puerto Rico sufre el embate de una economía lacerada, especialmente en el sector de nueva construcción, las reventas y los arrendamientos, mientras se encuentra gravada por múltiples impuestos que recaen unos sobre otros.
Mencionó que en una transacción de bienes raíces, participan un grupo de profesionales a lo largo del proceso, hasta que finalmente la propiedad se le entrega al nuevo adquirente. Entre dichas personas se encuentran casi todas los incluidas como servicios profesionales designados, incluyendo a los corredores de bienes raíces. Por ende, el precio por unidad final incluye el costo de todos estos servicios.
El Proyecto de la Cámara 992, radicado el 4 de mayo, está referido a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA” para su evaluación.
