SAN JUAN – Recientemente quedó expuesto públicamente que muchas de las disputas simples entre menores que ocurren en las escuelas públicas de la Isla terminan ventilándose en los tribunales, en lugar de resolverse en el ámbito escolar a través de los distintos remedios administrativos. La situación genera profundos traumas en niños y jóvenes, quienes no entienden los procesos judiciales y, en algunos casos, se exponen a perder su libertad.
Miguel Laureano Correa, senador. (Foto/Suministrada)
Buscan frenar la incidencia de casos que terminan en los tribunales innecesariamente».
A raíz de esto, el senador Miguel Laureano Correa radicó la Resolución del Senado 304 para investigar si el personal a cargo de atender dichos incidentes en las escuelas públicas está cumpliendo con los protocolos y reglamentos, o si hace falta brindarles nuevas herramientas mediante legislación. “Esta situación provoca ansiedad, confusión y desesperación en los menores. Además, congestiona nuestro sistema de justicia juvenil, provocando gastos innecesarios por controversias que pueden atenderse en el aula escolar”, indicó el Senador, quien posee un bachillerato en Sicología y Sociología de la Universidad de Puerto Rico.
A pesar de que varios legisladores presentaron medidas para reformar el sistema de justicia juvenil, Laureano considera necesario investigar el problema. “Voy a unirme al esfuerzo de mis compañeros, pero me parece que en algo se está fallando y es nuestra responsabilidad investigarlo y corregirlo. De la investigación podría surgir otra legislación necesaria para atender debidamente estos casos en las escuelas”, indicó Laureano.
A Laureano le llamó la atención que el 53% de los casos llevados a los foros judiciales son por faltas Tipo I, similares a las que se considerarían delitos menos graves en la población adulta. El legislador añadió que el asunto es más delicado porque, pese a que se exponen a perder su libertad, a los menores no se les garantizan derechos similares a los adultos. “En las escuelas hay trabajadores sociales, orientadores y otro personal a cargo de atender las disputas e incidentes entre menores. No hay razón para que esa cifra sea tan elevada. Queremos saber si están enfrentando algún obstáculo, si es necesario enmendar los métodos existentes o aprobar nuevos”, sostuvo Laureano. El legislador exhortó a los padres y madres a brindar cualquier tipo de información relacionada y útil para el desarrollo de la investigación.
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