SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, aseguró que la determinación de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) de suspender sumariamente al alcalde de Vieques, Víctor Emeric Catarineu, valida las acciones tomadas, unánimemente, por la Legislatura Municipal de la ‘Isla Nena’ ante las serias denuncias de índole criminal levantadas contra el funcionario.
“Agradezco la premura con que actuó el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente relacionado al referido que hiciéramos sobre la denuncia que realizara la Legislatura Municipal de Vieques, liderada por su presidente, Gypsy Córdova García, en torno a las acciones desacertadas, omisión del deber y posible comisión de delitos imputados al alcalde de Vieques, Víctor Emeric Catarineu”, señaló el líder legislativo.
“La acción tomada por el OPFEI son las correctas ante las serias alegaciones levantadas, unánimemente, por la Legislatura Municipal de Vieques. La transparencia en la administración pública tiene que siempre ser salvaguardada”, añadió Méndez Núñez.
“Lamento que el presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Ríos, estuviera más preocupado con mantener en su silla al Alcalde que con investigar, de manera expedita y con la transparencia que el pueblo viequense se merece, una situación denunciada por sus propios correligionarios. Esto habla mucho de cuál es el norte de ese partido”, terminó diciendo el Presidente de la Cámara.
A finales de diciembre, la Legislatura Municipal de Vieques, unánimemente y con la firma de su presidente, quien es miembro activo del PPD, aprobó la Resolución Numero 4, Serie 2017-2018, la cual establece que el Alcalde “permitió y dio paso a que personas ajenas al Municipio, entiéndase no funcionarios, comandaran operaciones municipales, repartieran bienes gubernamentales y privados, dieran instrucciones y tomaran decisiones contractuales a nombre del Municipio sin estar autorizadas en ley al respecto y que los mismos hayan podido beneficiar ilegalmente a personas…”.
Ante estos planteamientos, Méndez Núñez refirió el asunto al Departamento de Justicia, así como a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
