Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor, Jorge Navarro Suárez, anunció que solicitó hoy al Tribunal de San Juan la celebración de una vista urgente para atender la demanda de interdicto y mandamus que presentó la semana pasada en contra del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), por supuestas desviaciones de la agencia en el proceso de votación de la elección de los consumidores a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
(Foto / Archivo)
Según el representante, la solicitud urgente de vista de injunction preliminar va dirigido a obtener una orden judicial que paralice parte del plan de distribución de papeletas diseñado por el DACO.
En un comunicado de prensa, Navarro Suárez, quien es autor del procedimiento establecido en la Ley 29-2013 para la elección especial mediante referéndum, subrayó que el estatuto “establece claramente” que las papeletas de la elección “sólo se pueden distribuir por correo conjuntamente con la factura de luz de cada abonado de la AEE”. Sin embargo, recordó que en la papeleta de la elección se indica que en caso de que un abonado no reciba la papeleta o la extravíe, podrá solicitar una nueva boleta en la oficina regional del DACO más cercana.
“La ley es clara, las papeletas tienen que enviarse en conjunto con la factura de electricidad. El entregar las boletas en las oficinas regionales del DACO, además de ser ilegal, levanta sospechas de la pureza de la elección, máxime cuando consideramos que entre los candidatos certificados por el DACO figuran varias personas que militan abiertamente dentro de las filas del Partido Popular Democrático (PPD) y hasta tienen contratos con el gobierno de turno”, sostuvo el legislador.
El legislador añadió que “todos sabemos que el manejo adecuado de las papeletas de una elección constituye la esencia de la pureza de una elección. Sin embargo, lo que vemos es que el DACO ha diseñado un plan de distribución de papeletas que trastoca el diseño establecido en la ley, lo cual atenta contra la confiabilidad del proceso”.
