Por Damaris Suárez | hace 5 horas
Centro de Periodismo Investigativo
Las autoridades no han actuado sobre las denuncias hechas durante el juicio federal contra Jorge de Castro Font de pago de influencias por los desarrolladores de proyectos turísticos y residenciales para detener legislación que declaraba los terrenos del Corredor Ecológico del Noreste como reserva natural, pues amenazaba sus intereses. El gobierno premió a los proponentes pagando $35.6 millones para adquirir los terrenos tasados como si hubieran obtenido permisos de construcción, aumentando artificialmente el valor de estos.
Funcionarios permitieron que se inflara el valor de los terrenos por los que se pagaron $35.6 millones y, a pesar de la evidencia, los departamentos de Justicia de Puerto Rico y de Estados Unidos no han actuado sobre la transacción que benefició a los desarrolladores. Quince días antes del cambio de administración, el Secretario de Justicia César Miranda engavetó la pesquisa local.»
A casi diez años de la primera transacción en la que el gobierno adquirió los terrenos del Corredor Ecológico, las autoridades pudieran encausar a los responsables de comprar a sobreprecio estos terrenos ya que de acuerdo al artículo 88 del Código Penal de Puerto Rico, los delitos graves cometidos por funcionarios públicos no prescriben. Este no es el caso de las empresas privadas que participaron en el proceso, pues han pasado más de cinco años en tres de las cuatro transacciones, término en que prescriben dichos delitos. Pero las autoridades no parecen tener la intención de fijar responsabilidades.
Desfalco en la compra de terrenos del Corredor
Desde marzo de 2016, la Comisión de Recursos Naturales del Senado refirió al Departamento de Justicia de Puerto Rico y federal, a la Oficina del Inspector General, al Departamento del Interior y el de Comercio de EEUU los hallazgos de una investigación que confirma que el gobierno pagó a sobreprecio los terrenos privados ubicados en el Corredor Ecológico del Noreste. A un año de estos hallazgos, solo el Departamento de Justicia investigó; pero engavetó el asunto unos días antes de que culminara la administración de Alejandro García Padilla, tras determinar que no hubo prueba para sostener delitos criminales contra los funcionarios involucrados, confirmó al Centro de Periodismo Investigativo la fiscal Nibari Rivera, directora de la División de Integridad y Delitos Económicos de esa agencia.
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Por su parte, la fiscalía federal rechazó comentar si ha evaluado la actuación de los responsables de este proceso de sobrevaloración de los terrenos, que según el informe legislativo implica a funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), a la organización estadounidense Trust for Public Land (TPL) y la firma de tasadores de bienes raíces y consultores McCloskey, Mulet & Bonnin.“La política del Departamento de Justicia (de EEUU) no nos permite confirmar ni negar la existencia de investigaciones criminales”, se limitó a decir mediante declaraciones escritas Lymarie Llovet, portavoz de la fiscalía federal en Puerto Rico.
El informe final emitido en marzo de 2016 por la Comisión de Recursos Naturales del Senado indica que no se cumplió con la ley cuando se pagaron $35.6 millones por las cuatro parcelas ubicadas dentro de lo que hoy se conoce como la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste.
La comisión encontró que en el proceso de compra de terrenos realizado entre el 2007 y el 2013, se establecieron precios que no correspondían al valor real de los terrenos, ya que la tasación contemplaba el desarrollo de dos proyectos turísticos, aunque nunca obtuvieron un solo permiso de construcción.
“Encontramos que se infló dramáticamente el valor de los terrenos en el proceso de tasación asumiendo que eran viables los proyectos de Dos Mares Resort y San Miguel Resort. Además, aunque no se hubiera puesto ni un bloque, se utilizaron intencionalmente comparables de otras transacciones en las que el gobierno había comprado terrenos donde sí se había construido para justificar el valor”, explicó al Centro de Periodismo Investigativo el senador Cirilo Tirado, quien encabezó la investigación.
De acuerdo a la pesquisa del Senado, el origen para establecer el valor de los terrenos se dio en la adquisición de la primera parcela, San Miguel I, que fue tasada por McCloskey, Mulet & Bonnin en $15 millones en abril del 2007 y comprada en agosto de ese año por $12.5 millones. En esa tasación se utilizó la premisa de que el proyecto San Miguel Resort sería aprobado tal y como se había propuesto, aunque no tenía al momento ningún permiso. Tampoco se distinguió, para establecer las diferencias del valor de los terrenos, entre humedales y los terrenos firmes.
Las conclusiones de la investigación legislativa confirman las denuncias que han hecho desde el 2007 grupos ambientales que pertenecen a la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste.
El Trust for Public Land negoció las tasaciones, pero no da explicaciones
Los documentos obtenidos por la Comisión demuestran que el precio fue establecido por el Trust for Public Land en conversaciones con la firma de tasadores, sin la objeción del entonces secretario del Departamento de Recursos Naturales Ambientales, Javier Vélez Arocho, durante la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Esta entidad incluso reconoció en 2008 la generosidad de Zalduondo al vender los terrenos para su preservación.
Un intercambio de correos electrónicos entre Vélez Arocho y Mildred Ramos Majoros de TPL demuestra que la carta en la que el DRNA establece las bases para estimar el valor de los terrenos de San Miguel utilizando el concepto de “presunción extraordinaria”, una excepción que permite tasar terrenos en el supuesto del valor que tendrían de ser construidos proyectos para los que tienen aprobados los permisos. Esto permitió que aumentara el valor de los terrenos, aunque los proyectos no contaban con los permisos. Los funcionarios del DRNA sabían que no había permisos aprobados, según consta en la investigación senatorial. El tracto de correos demuestra que la carta a TPL fue corregida y enmendada por la misma funcionaria del TPL, Ramos Majoros, quien reescribió las justificaciones que tenía que incluir el gobierno para aprobar que TPL utilizara las “presunciones extraordinarias”.
Tim Ahern, portavoz TPL defendió los procedimientos utilizados para valorar los terrenos. “Son estándares muy estrictos que impone el gobierno federal, no nosotros. Más allá de eso, no tenemos más comentarios. No hemos visto el informe [senatorial]; no puedo comentar sobre detalles específicos del mismo”, sostuvo tras asegurar que es la primera vez que conocen de la investigación de aparentes irregularidades en las adquisiciones de los terrenos del Corredor.
Ahern tampoco pudo explicar por qué la gerente del proyecto de TPL no estuvo disponible para la investigación senatorial. Reiteró que no tenía conocimiento de las gestiones realizadas por la comisión senatorial para citar a los funcionarios de TPL y que hace varios años Mildred Ramos Majoros no labora para TPL. Según se desprende del informe final “para el propósito de esta investigación, tratamos de comunicarnos con la señora Majoros por teléfono y correo electrónico en por lo menos tres ocasiones, y finalmente obtuvimos una contestación por correo electrónico donde nos indica que vendría a Puerto Rico a mediados del año 2015 y se comunicaría con nosotros. No se han vuelto a comunicar”.
En el informe senatorial se detalla que una evaluación independiente del proceso de tasación encomendado por el DRNA en 2014 al tasador Esteban Núñez también llegó a la conclusión de que que se utilizaron condiciones hipotéticas que aumentaron artificialmente el valor de tasación. La agencia desistió de completar la adquisición de la quinta finca a través de TPL. En ese mismo año, el DRNA refirió al Departamento de Justicia a Juan R. Zalduondo por otra razón: la concesión de créditos contributivos de $2.2 millones por una transacción de servidumbre de conservación en un predio de 112.46 cuerdas valoradas en $4.5 millones.
“Resulta incomprensible que, los secretarios DRNA no levantaran bandera al notar los precios tasados de las fincas, y ordenaran una tasación independiente del TPL. No podemos sino concluir, que ambos secretarios no ejercieron el máximo de su deber de salvaguardar los fondos públicos”, indica el informe, en referencia a los exsecretarios Vélez Arocho y Daniel Galán Kercadó. Este último lideró la agencia durante la administración del ex gobernador Luis Fortuño y carga parte de la responsabilidad por la tercera transacción de venta de terrenos realizada en 2010. La cuarta y última se realizó en 2013, bajo la administración de Alejandro García Padilla. La secretaria del DRNA, Carmen Guerrero se inhibió del proceso por haber participado en organizaciones ambientales que favorecían se declarara reserva natural los terrenos del Corredor y por su oposición pública a los proyectos de desarrollo en la zona.
Las premisas fueron repetidas, con algunas diferencias, en las subsiguientes compras de las parcelas San Miguel II, San Miguel III y Dos Mares I. En total, el valor de las cuatro parcelas que comprenden 619 cuerdas ascendió a $47.5 millones según la tasación de McCloskey, Mullet / Bonnin. “Al menos la mitad de ellas son humedales (por lo que) podemos concluir esta es una suma irrazonable”, indica el informe senatorial de 77 páginas.
Sin embargo, estos hallazgos no parecieron ser suficiente evidencia para el Departamento de Justicia. Un memorando del 16 de diciembre de 2016 contiene una recomendación de cierre sometida al entonces secretario de Justicia, César Miranda y la directora en ese momento de la División de Integridad Pública de esa agencia, Gretchen Camacho, por no existir causa para creer que los funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) incurrieran en conducta criminal en el proceso de adquisición de los terrenos del Corredor Ecológico.
En el caso de las imputaciones sobre la firma de tasadores McCloskey, los delitos económicos señalados, por apropiación ilegal, malversación y fraude en las primeras tres transacciones de adquisición de terrenos habrían prescrito al momento del referido. Sin embargo, los posibles delitos de los funcionarios públicos en las transacciones no tienen términos de prescripción.
La directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de esa agencia, fiscal Nibari Rivera, se limitó a leer las conclusiones del memorando sin explicar los fundamentos o evidencia examinada durante la pesquisa. El CPI trató de corroborar que la investigación en efecto hubiera ocurrido. El ex presidente de la comisión senatorial que realizó la pesquisa recibió una llamada del entonces secretario de Justicia, César Miranda para informarle que se asignaría un fiscal al caso. Por su parte, el convicto exsenador Jorge de Castro Font fue citado durante el proceso de investigación del Departamento de Justicia, según confirmó al CPI.
“La investigación obtuvo conocimiento de que existe un informe que tiene que hacer la junta examinadora de bienes raíces, pero ese informe nunca fue referido según este memorando para ser analizado, por lo que no se puede establecer nada sobre esos tasadores”, indicó la fiscal.
La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez se negó a conceder entrevista al CPI para examinar los hallazgos de la investigación. Tampoco quiso entregar el documento por considerarlo “confidencial”.
Para Rivera Herrera, la determinación del Departamento de Justicia de mantener como “confidencial” el memorando que finaliza la investigación es injustificable y demuestra la falta de transparencia del gobierno ante decisiones finales que deberían ser públicas para conocer las razones por las cuales se determinó cerrar una investigación.
“La renuencia del Departamento de Justicia de hacer público el informe sobre la investigación que supuestamente realizaron se suma a la larga lista de irregularidades que se señalan en este proceso”, sostuvo.
Rivera Herrera considera inaceptable que en medio de la precaria situación fiscal del gobierno no se haya tomado acción para fijar responsabilidades por la evidente malversación de fondos en el proceso. “El mensaje que eso envía a la sociedad es de impunidad ante la evidente comisión de actos irregulares o contrarios a la ley”, sostuvo el ganador del premio ambiental Goldman en 2016.
Por su parte, Cristóbal Berrios, residente en Fajardo y presidente de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste se mostró frustrado por la falta de interés del gobierno para fijar responsabilidades en el proceso de sobre valorización de los terrenos y el precedente que estas transacciones establece en las tasaciones de otras áreas de importancia ambiental en Puerto Rico.
“Los residentes nos sentimos frustrados por lo que consideramos ha sido un hilo de protección a los desarrolladores en el caso del Corredor. Nos decepciona que ni siquiera se vayan a tomar medidas administrativas para evitar que estas irregularidades se repitan. ¿Cómo es posible que estos terrenos aumentan en valor cuando todas las propiedades en Puerto Rico han perdido valor?”, cuestionó.
La historia de las irregularidades relacionadas a los terrenos de la Reserva Natural del Corredor Ecológico del Noreste no comenzó con la adquisición de los terrenos. En el 2008 el entonces senador Jorge de Castro Font fue acusado por un Gran Jurado federal por cargos relacionados a un esquema de soborno y extorsión a empresarios de los que obtuvo cerca de medio millón de dólares a cambio de favorecer, detener o enmendar proyectos de ley en los que estos tuvieran algún interés. De Castro Font fue sentenciado en 2011.
En una entrevista desde la cárcel, el expresidente de la Comisión de Reglas y Calendarios del Senado admitió a Noticel que uno de esos proyectos fue el que buscaba designar como reserva natural los terrenos del Corredor Ecológico del Noreste. De Castro Font dijo que él, Kenneth McClintock, entonces presidente del Senado, y el senador Carlos Díaz recibieron dinero de los proponentes de los desarrollos, a cambio de detener la medida.
Justicia federal tiene la bola en su cancha
Desde el 2009, la jefa interina de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez refirió el asunto al entonces director del FBI, Luis Fraticelli, según confirmó el CPI, en una carta enviada el 15 de julio de ese año. Poco más de siete años han pasado sin que haya habido acusaciones. Rodríguez no estuvo disponible para hacer declaraciones sobre el referido, las expresiones de Jorge de Castro Font, o sobre los hallazgos del informe senatorial acerca de la compra de terrenos del Corredor Ecológico a sobreprecio.
Si la Fiscalía Federal quisiera atender estas irregularidades y esclarecer las denuncias que rodearon los proyectos de desarrollo y la compra de terrenos en el Corredor Ecológico del Noreste podría buscar la colaboración como testigo de uno de los desarrolladores que enfrenta acusaciones federales por otro caso criminal.
El abogado Juan R. Zalduondo, proponente del proyecto San Miguel Resort, fue acusado en 2014 de facilitar lavado de dinero para el narcotráfico. Se le imputa haber depositado alrededor de $3 millones en tres cuentas de banco que tenía a su nombre y el de su compañía Juaza Inc., la misma corporación que fue dueña de parte de los terrenos en el Corredor y proponente del proyecto San Miguel Resort en la zona. Se alega que el dinero lavado era proveniente de la organización de “Cano Gurabo”, una organización criminal que operaba en los municipios de Vieques, Fajardo, Naguabo y Caguas. A Zalduondo no se le han incautado bienes según permite el RICO ACT.
El empresario no descarta llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal para hacer alegación de culpabilidad en este caso de lavado de dinero, según se desprende de una moción radicada en marzo de 2017 por sus abogados. Se desconoce si la Fiscalía Federal utilizará su colaboración para investigar las denuncias relacionadas al Corredor Ecológico del Noreste.
“El caso criminal de Zalduondo está pendiente de juicio, lo que nos impide comentar sobre ese asunto para proteger los derechos del acusado. Fiscalía Federal nunca habla sobre posibles acuerdos de cooperación”, dijo Lymarie Llovet, portavoz de la agencia federal en San Juan.
