Por: CyberNews
EL CAPITOLIO – La Cámara de Representantes aprobó el lunes la Resolución de la Cámara 241 que ordena a la Comisión de Gobierno, investigar el cumplimiento e implantación del Registro de Elegibles de empleados cesanteados por parte de las agencias y departamentos que fueron impactados por la Ley 7 de 2009.
En la medida radicada por el presidente cameral Jaime Perelló Borrás, se establece la necesidad y el interés de la presente Asamblea Legislativa de investigar qué ocurrió con la única protección y salvaguarda que tenían los cesanteados por la Ley Número 7 que era el Registro de Elegibles, establecido en dicha ley.
Según el líder cameral, “si la pasada administración hubiera respetado el mantenimiento del registro de elegibles hubiera brindado a esos cesanteados la oportunidad de poder ser considerados para otros puestos que hubieran surgido en el Gobierno. La Ley 7 establecía que los empleados cesanteados permanecerían por el término de un año en dicho registro a partir de su cesantía.”
En su turno, el portavoz de mayoría, Carlos “Charlie” Hernández López indica que la investigación busca corroborar si realmente se confeccionó este registró y si se le dieron las garantías de ley a las personas cesanteadas por esta ley.
“La información que han traído a nuestra atención, es a los efectos de que a los cesanteados no se les incluyó en el registro y cuando hubo contrataciones, no se les consideró”, dijo.
Asimismo, el Bajo Cuerpo aprobó la medida de la autoría del presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, que establece la “Ley de Incentivo para el Pago de Contribuciones Adeudadas”, a fin de brindar un plan que permita el revelo de pago de intereses, recargos y penalidades sobre las deudas por concepto de contribución sobre ingresos, contribución sobre caudales relictos y donaciones e impuesto sobre ventas y uso (IVU).
Mediante el plan de incentivos dispuesto se motiva a la ciudadanía a tratar de cumplir con sus responsabilidades contributivas, proveyéndosele la oportunidad de pagar sus deudas conforme a sus capacidades económicas. La medida fue aprobada por unanimidad.
De esta manera, la economía del país mejoraría ya que se facilitaría la obtención de los recaudos en el erario. Hernández Montañez, sostuvo que con esta medida “se le da el beneficio al ciudadano humilde que quiere cumplir, pero que en el pasado no podía hacerlo, ya que había que dar en un solo pago lo que debía”. Con ello, proyectó un recaudo de 500 millones de dólares, ya que una vez firmado el acuerdo de pago, el mismo es vendido con un descuento.
La pieza establece que el incentivo no aplica al año contributivo 2012 y excluye de este beneficio a los contribuyentes contra quienes se haya iniciado y esté pendiente un procedimiento criminal por algún delito de naturaleza contributiva.
Se incorporó una enmienda para que funcionarios electos, nombramientos gubernamentales o de confirmación senatorial o legislativa no puedan acogerse a este beneficio. Asimismo, no podrá acogerse a esta ley personas que hayan cometido delitos contra el fisco o de crimen organizado. De los fondos generados, ocho millones de dólares se utilizarán para fiscalizar esta iniciativa.
Se favoreció también, el proyecto que enmienda el Código de Seguros, para eliminar los límites de responsabilidad civil a que está sujeto el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los Centros de Trauma y Estabilización que así sean designados.
“La medida pretende eliminar este beneficio ya que en la práctica estos centros no cumplen con los requerimientos para ser designados con este título, basados en los hallazgos informados por el Departamento de Salud. Ya que a pesar de que tienen esta salvaguarda, no ha mermado el por ciento de casos de trauma que recibe el Centro Médico, ya que ellos los siguen refiriendo a estas facilidades hospitalarias”, señaló la presidenta de la Comisión de Salud, Lydia Méndez Silva.
Además, se le dio paso a la medida que enmienda la “Ley de Donaciones Anatómicas”, a fin de establecer un comité asesor para la adopción y revisión de un protocolo para la determinación de muerte cerebral de personas.