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Redacción Presencia
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SAN JUAN- El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres, indicó que no está de acuerdo con la decisión del alcalde del municipio de San Juan, Miguel Romero, de no permitir la portación de armas en las fiestas de la calle San Sebastián, que se estarán celebrando el jueves, 19 de enero hasta el domingo, 22 de enero de 2023.
Esta incomodidad de la corporación CODEPOLA nace a raíz de unas expresiones que emitió el alcalde del municipio de San Juan, Miguel Romero donde señaló que: “si usted tiene una licencia, deje el arma en su casa, porque está prohibido transitar por las calles de San Juan con un arma de fuego, tendremos dos estaciones de monitoreo con sistemas de seguridad que detectan armas de fuego, así que de alguna persona llevarla no podrá montarse en el transporte colectivo”, enfatizó en entrevista en un medio televisivo.
“Es la primera vez en la historia que un alcalde se expresa o hace comentarios en relación a limitar, o no permitir que los ciudadanos decentes, que ya están licenciados por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cobijados bajo la segunda enmienda de los Estados Unidos, puedan ejercer sus derechos en la calle”, expresó Torres.
“Hacer esto no solo viola un derecho constitucional de las personas que decentes que tenemos licencia de portación de armas, sino que pone en riesgo la seguridad de las personas que asisten al evento, porque en la mayoría de los casos de tiradores masivos las ciudanía llega primero que los agentes de la Policía y personalmente yo me siento más seguro asistiendo a este tipo de eventos armado”, enfatizó el presidente y portavoz de CODEPOLA.
Luego de que Torres sometiera un ‘injuction’, el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia, citó a las partes, para una vista el jueves, 19 de enero de 2023 a las 10:00 a.m para comparecer vía zoom, mismo día que da inicio la festevidad.La parte demandante solicita al Honorable Tribunal que declare que el registro sin orden de ciudadanos que utilicen transportación pública provista por la parte demandada constituye una actuación irrazonable e inconstitucional, que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, así como el Articulo II, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico, que prohíbe registros sin orden.
Por su parte, el administrador del municipio de San Juan, Israel Alice, agregó que: “Como parte del esfuerzo, se activarán 1,450 policías y personal de seguridad compuesto de 550 municipales, 400 policías privados -armados y desarmados-, y 500 de la policía estatal. Estos trabajarán turnos de 12 horas para brindar seguridad en el casco del Viejo San Juan. De igual forma, se designarán 150 oficiales en las estaciones de transporte de Sagrado Corazón, Estadio Hiram Bithorn, Capitolio Norte y Capitolio Sur. Estos oficiales contarán con sus “body cams” o cámaras corporales».
