Por: Redacción Presencia
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EL CAPITOLIO- La Comisión Cameral de Gobierno inició hoy las vistas públicas en torno al Proyecto de la Cámara 1711, de los representantes Jesús Santa Rodríguez y Carlos “Johnny” Méndez, que enmienda la ley que establece las prohibiciones e inhabilidades para aspirar a cargos públicos (Ley 50), a fin de incluir nuevos delitos y modificar el término de la prohibición de ocupar algún puesto o cargo en ciertos casos.
A la audiencia presidida incidentalmente por el representante Santa Rodríguez, compareció el Departamento de Justicia, organismo encargado de emitir el análisis legal de la pieza. La asesora legal de la agencia, licenciada Nayda Rivera, reconoció la facultad de la Asamblea Legislativa para determinar el tiempo al que estaría sujeto la prohibición.
Sin embargo, Rivera presentó varias recomendaciones para que se reevalúen algunos de los delitos que se están incluyendo en la legislación. Entre éstos, la fijación de carteles y la contaminación ambiental.
“El objetivo de la ley es que sean delitos que falten a la honestidad, a la moral y sobre todo, que se desempeñen durante la función pública. Aunque son conductas antijurídicas, estos delitos no representan el tipo de conducta que asociamos con la corrupción gubernamental”, manifestó en un comunicado.
Santa Rodríguez le concedió a Rivera un término de 10 días para que presente qué otros delitos no deben estar incluidos en el Proyecto.
De igual forma, Rivera opinó que debe mantenerse la lista de delitos vigentes, “porque se están añadiendo conductas que no estaban contempladas en la legislación y en ciertos delitos se está cambiando de una prohibición sujeta a un determinado número de años a uno de carácter permanente”.
Por su parte, el representante Santa Rodríguez acogió los planteamientos de la asesora legal del Departamento de Justicia y expresó que los mismos “servirán para actualizar de la manera más adecuada y precisa la legislación radicada”. De paso, reconoció los méritos del Proyecto y planteó que el mismo responde a la necesidad de hacer más efectiva la administración de la Ley 50 y armonizar la misma al marco de derecho vigente.
