CAROLINA – El pasado viernes, 27 de julio, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Resolución Conjunta del Senado número 94, de la autoría de los senadores Miguel Romero y Eric Correa, que busca obligar al municipio de Carolina a facilitar la construcción de un hotel en un solar de cinco cuerdas de terreno y que forman parte del balneario de este pueblo.
El 7 marzo de 2018 el Tribunal de Expropiaciones avaló la posición del GMAC en su sentencia.»
Con esta firma, se ordena al municipio de Carolina desistir de un pleito de expropiación contra CH Properties, empresa dueña del hotel Courtyard by Marriot, en Isla Verde, para evitar la construcción de un condo hotel en ese espacio.
El terreno ha sido escenario de controversia entre el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina (GMAC), un grupo de ambientalistas -que por años pernoctan en el lugar- y la compañía CH Properties.
Según se expone en la resolución conjunta: “en caso de que el municipio se niegue a cumplir con nuestro requerimiento, se le faculta al Departamento de Recreación y Deportes o a cualquier otra entidad gubernamental que tenga el Programa de Parques Nacionales a intervenir e impugnar cualquier acción incompatible con nuestro requerimiento, y de ser necesario, acudir ante los Tribunales de Justicia y solicitar las órdenes que sean necesarias para hacer cumplir esta medida”. Esto incluye devolver “la finca” al Estado.
Desde el año 2002, mediante la Resolución #1 del 2 de enero de 2002, el GMAC recibió mediante cesión, 51 cuerdas de terreno donde actualmente ubica el balneario de Carolina. Esta cesión incluía un contrato realizado en el 1999 entre la Compañía de Fomento Recreativo y Desarrollos Hoteleros Inc. determinando el arrendamiento de unas cinco cuerdas del terreno para la construcción de un hotel de 120 habitaciones.
En una carta abierta al pueblo, el alcalde de Carolina José C. Aponte, sostuvo que, “a pesar de que el tribunal estipuló que el contrato de arrendamiento era válido, el desarrollador CH Properties nunca sometió al Departamento de Permisos Urbanísticos del GMAC documento alguno que evidenciara su interés en construir el proyecto hotelero. El GMAC nunca recibió de parte del desarrollador sus documentos para la consulta de ubicación, los estudios ambientales pertinentes como la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.), estudio de suelos, planos, especificaciones, entre otros requisitos necesarios para la construcción de un hotel en la zona. Por el contrario, el Municipio Autónomo de Carolina recibió una carta del propio desarrollador solicitando el cierre del proyecto por falta de interés”.
Posteriormente, el 13 de julio de 2016, el GMAC recibió una notificación del Departamento de Recursos Naturales indicando que había realizado en el sector el deslinde de la zona marítimo-terrestre y que de las cinco (5) cuerdas de terreno del contrato para el desarrollo del hotel, solamente una (1) cuerda estaba fuera de la zona marítimo- terrestre. El informe estipula que las restantes cuatro (4) cuerdas de terreno son parte de la zona marítimo-terrestre, lo que implica que son de dominio público y por consecuente, no son desarrollables.
Ante ese escenario, el GMAC acudió al tribunal de Expropiaciones para expropiar el polémico contrato basado en los dos requisitos estipulados para el derecho de expropiación del Estado; el fin público y la justa compensación. El 7 marzo de 2018 el Tribunal de Expropiaciones avaló la posición del GMAC en su sentencia.
El alcalde añade que “el propósito de esta acción por parte de su municipio es desalojar tanto al desarrollador del hotel que actualmente ocupa un área de estacionamiento en parte del predio, así como el campamento de desobediencia civil que allí permanece. De esta forma, convertirá las cinco cuerdas de terreno en parte del balneario de Carolina de manera que pueda brindarle el mantenimiento necesario y que los ciudadanos puedan disfrutarlo”.
No obstante, el abogado de CH Properties, José Andreu Fuentes, en entrevista con un medio de circulación nacional, indicó que este era un proyecto que se había firmado desde la administración de Sila M. Calderón. La empresa pagó $9 millones por los derechos de construir en las cuerdas de terreno aledañas al hotel Courtyard by Marriot.
Además, este aclaró que la parte de fin público para expropiación todavía está en su curso en el tribunal de Apelaciones. Si el tribunal decide expropiar el contrato, Andreu Fuentes exige que se le pague a su cliente (CH Properties) todo lo que se invirtió ($9 millones).
