SAN JUAN – La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, informó el miércoles que la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Aida Delgado-Colón, condenó a José Andrés Colón-Santos a ocho años de prisión, seguido de cinco años de libertad supervisada por fraude bancario y manipulación de testigos por intimidación, amenazas, persuasión corrupta o engaño Conducta.
La Corte también ordenó al acusado que pague indemnizaciones a 12 víctimas por un monto total de 73,727.82.
“El procesamiento de este caso y la severidad de esta sentencia deberían servir para tranquilizar al público de que estamos prestando mucha atención al bienestar de nuestros mayores y que no escatimaremos gastos para sacar a los estafadores de las calles. La aplicación de la ley no se mantendrá al margen, ya que los delincuentes intentan robar a un grupo muy vulnerable de nuestra comunidad. Estos delincuentes están perturbando sus vidas al robar sus ahorros y destruir su crédito a través de esquemas de fraude calculados y generalizados», declaró Rodríguez Vélez en comunicación escrita.
«Insto a todos a tomar medidas para proteger su información de identificación personal (PII) de los delincuentes que buscan ganancias ilícitas a través de planes fraudulentos», añadió.
Explicó que el 2 de mayo de 2018, Colón-Santos se declaró culpable de cometer fraude bancario y de manipular a un testigo mediante intimidación, amenazas, persuasión corrupta o conducta engañosa, en un caso en el que atacó a víctimas ancianas. Colón-Santos admitió haberse enriquecido ilegalmente al obtener información de cuentas bancarias e información de identificación personal (número de seguro social, fecha de nacimiento, dirección, así como números de tarjeta de crédito / débito y PIN) de víctimas cuyas edades oscilaron entre 69 y 83 años.
Según su declaración de culpabilidad, Colón-Santos obtendría el nombre y el número de sus víctimas mayores de una guía telefónica. Luego los llamaría y obtendría su información de identificación personal haciéndose pasar por un oficial del banco. Después de obtener su información de identificación personal, él tomaría el control de las cuentas bancarias de las víctimas llamando al banco para cambiar las direcciones en la cuenta y solicitar tarjetas de reemplazo. Usaría las tarjetas de cajero automático recién emitidas para retirar fondos para su uso y beneficio personal. La coacusada Erika Rosado-Matías se hacía pasar por la titular de la cuenta bancaria para solicitar el cambio de dirección y las tarjetas de reemplazo. El esquema causó dificultades financieras sustanciales a más de 12 víctimas.
Colón-Santos también fue condenado por intimidar y amenazar a una mujer de 75 años con daño físico si de alguna manera proporcionaba información o testimonio a agentes de la ley involucrados en la investigación de su esquema fraudulento. El juez Delgado-Colón indicó que esta conducta fue significativamente reprensible y justificó la severidad de la sentencia impuesta.
El procesamiento fue manejado por la asistente de la abogada de los Estados Unidos Dennise Longo-Quiñones. La investigación fue realizada por el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos con la asistencia del Departamento de Policía de Puerto Rico y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional.
La coacusada Erika Yazmin Rosado-Matías se declaró culpable el 31 de julio de 2018 y su sentencia está programada para el 22 de octubre de 2108 ante la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Aida Delgado-Colón.
