SAN JUAN – La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez dijo el miércoles que tanto la exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher como la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), Angela Ávila utilizaron sus posiciones en el gobierno para dar información privilegiada a terceras personas que se beneficiarían con contratos en el Gobierno.
“Es una pena que veamos este esquema uno detrás del otro. Este es el caso en que se menciona el uso de fondos federales que da vergüenza”, dijo la fiscal federal en conferencia de prensa.
“Jefes del Gobierno le daban acceso a las oficinas, información y operaciones gubernamentales a individuos que no eran ni empleados ni contratistas del Gobierno. Esta práctica permitía a estas personas utilizar propiedad e información del gobierno para su beneficio personal. Jefes del Gobierno le permitían a personas ajenas dar órdenes a empleados de departamentos y agencias gubernamentales. Jefes de Gobierno utilizaban cuentas de correo electrónico personales para llevar a cabo trabajos del Gobierno y les ordenaron a sus empleados abrir cuentas personales para llevar a cabo actos oficiales. Empleados del gobierno utilizaron aplicaciones de mensajería como Telegram, para llevar a cabo trabajos oficiales”, explicó la fiscal federal.
Además de Keleher y Ávila, los imputados son el empresario Alberto Velázquez Piñol, el expresidente de BDO Fernando Scherrer- Caillet y las hermanas Glenda y Mayra Ponce Mendoza. La primera era ayudante especial de Keleher y su hermana trabajaba en la empresa Colón y Ponce.
Rodríguez Vélez mencionó que Glenda Ponce Mendoza fungía como ayudante especial de Keleher a pesar de que se le había advertido que la manera en que se hizo la contratación no procedía. Finalmente, Ponce Mendoza realizaba las funciones de ayudante especial, pero cobraba a través de los contratos que se le otorgaron a la empresa de su hermana y posteriormente de los contratos que se le otorgaron a la firma de contabilidad BDO.
El propósito de la primera conspiración en el DE, era desviar contratos entre la agencia y la empresa Colón y Ponce. Esto se logró a través de una subasta corrupta en la cual a Colon y Ponce se les ofreció ventaja competitiva por tener una relación estrecha entre Keleher y las hermanas Ponce Mendoza.
Mientras Glenda Ponce Mendoza trabajaba como asistente de Keleher, ayudó a su hermana Mayra Ponce Mendoza a obtener un contrato en el DE. Mayra envió por correo electrónico la propuesta a su hermana. Luego de recibir la propuesta, Keleher dio instrucciones para que se diera el contrato.
El 23 de mayo de 2017, el Departamento federal de Educación le advirtió a Keleher que tenía que cumplir con los reglamentos para otorgar contratos, en referencia a lo ocurrido con el contrato Colon y Ponce. Luego de la advertencia y de haber evaluado cinco propuestas, se enmendó la solicitud de propuestas (RFP) para que se cortaran las horas a no menos de 6 meses. Al recibir la enmienda, Mayra Ponce Mendoza se la envió a su hermana, quien la refirió a una persona que trabajaba en la empresa Keleher y Asociados para que la ayudara con las enmiendas. El 25 de mayo de 2017 se envió una comunicación interna en la que se daba cuenta que Colón y Ponce eran los agraciados con el contrato.
En la segunda conspiración, Keleher, Velázquez Piñol y Scherrer- Caillet deliberadamente conspiraron y acordaron entre ellos y otros individuos conocidos y desconocidos al Gran Jurado, para robar más de un millón de dólares en fondos pagados por el DE a BDO. El propósito de la conspiración y el esquema de defraudar de los implicados fue por utilizar su posición en el Gobierno de Puerto Rico para beneficiarse y enriquecerse a través de fraude y robo de fondos del gobierno.
“BDO utilizó el acceso e influencia que tenía Velázquez Piñol sobre Keleher para someter propuestas y obtener contratos en exceso de 13 millones de dólares en el DE. Dichos contratos serían pagados con fondos federales. Ambos contratos tenían unas cláusulas en las que se prohibía la subcontratación y el pago de cabilderos. BDO incumplió con ambas cláusulas. BDO utilizó fondos federales para pagarle comisiones de 10 por ciento de los valores de los contratos a Velázquez Piñol. Velázquez Piñol recibió aproximadamente 219, 059 dólares por su servicio”, sostuvo.
La fiscal expresó que Keleher utilizó su teléfono personal para tomarle una fotografía a una comunicación interna del Departamento de Educación y le envió dicha fotografía al correo electrónico de Velázquez Piñol. Además, le enviaron información a BDO información para facilitar el proceso de enviar propuestas, contratación y enmiendas subsiguientes.
Keleher fue arrestada en Washington D.C.. En el caso de Velázquez Piñol, se entregó a las autoridades en Connecticut.
En el caso de ASES, BDO utilizó la influencia de Velázquez Piñol en Angela Ávila Marrero para someter propuestas y obtener contratos ascendentes a 2.5 millones de dólares . Estos contratos serían pagadas con fondos federales. Al igual que en los contratos con el DE, había dos cláusulas en los contratos con ASES que prohibían la subcontratación y el pago de cabilderos. Velázquez Piñol recibió de fondos federales comisiones ascendentes a 710 mil dólares.
Cuestionada sobre si Velázquez Piñol actuó solo en el esquema, la fiscal federal mencionó que en la acusación se menciona a “una persona desconocida por el Gran Jurado, pero conocida por la Fiscalía. Esta persona no ha sido acusada en este momento.
Las acusaciones son fraude por vía electrónica, conspiración para robar, conspiración para cometer fraude por vía electrónica, lavado de dinero y conspiración para lavar dinero.
Rodríguez Vélez rechazó que alguna de estas personas acusadas puedan recibir inmunidad a cambio de cooperar en futuras pesquisas. Anticipó que van a procurar fuertes restricciones en caso de que se les imponga fianza. De ser hallados culpables, enfrentan penas de hasta 25 años de cárcel.
