SAN JUAN – La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, insistió en que declarar en estado de emergencia los incidentes violentos hacia las mujeres implica un asunto económico que al final le corresponde atender a la Junta de Control Fiscal
“Ya la Junta nos ha quitado un millón de dólares del presupuesto. Establecer que es una emergencia o que es alarmante comoquiera nos afecta igual. Si se declara emergencia hay que ver dice la Junta. Aquí hay muchos problemas con la seguridad y comoquiera los fondos no se están viendo. El asunto no es para llevarlo al gobernador, es para llevarlo a la Junta”, dijo Boria Vizcarrondo al finalizar la reunión con Shariana Ferrer-Núñes y Zohan Dávila, integrantes de la Colectiva Feminista.
Boria Vizcarrondo insistió en que existen unos requisitos jurídicos que se deben cumplir antes de declarar un estado de emergencia.
“Y por eso pedimos a la abogada del colectivo y de la procuraduría cuales son los requisitos antes de proponerle eso de manera responsable al gobernador”, sostuvo la procuradora quien insistió en calificar la situación como alarmante.
Boria Vizcarrondo hizo una convocatoria abierta al grupo de mujeres, quienes le dejaron saber que acudirían en horas de la tarde del martes a su oficina.
“Estoy muy contenta. Era algo que estábamos esperando. Muy contenta con los acuerdos llegados. Tenemos algunas diferencias en ciertos aspectos, pero en la medida en que podamos llegar a unos acuerdos, trabajarlos y darle continuidad es un buen comienzo”, dijo Boria Vizcarrondo al finalizar la reunión.
La procuradora mencionó que el primer proyecto que quiere trabajar con el colectivo feminista es una campaña educativa para la erradicación de la violencia, a través de las redes sociales.
La Colectiva Feminista participó el pasado fin de semana, en una manifestación en los predios de La Fortaleza, en la cual solicitaban que se declarara una emergencia nacional por el aumento en incidentes violentos contra las mujeres.
La procuradora y su grupo de trabajo reunieron el lunes a más de una docena de agencias gubernamentales, así como instituciones y organizaciones sin fines de lucro para delinear un plan centralizado que permita atacar de forma efectiva la violencia contra las mujeres.
Entre las estrategias están el adiestramiento a fiscales y policía en el manejo efectivo de temas de violencia doméstica y agresión sexual; la implantación del currículo del Programa de las Escuelas Co-educativas; establecimiento del Programa de Vigilancia; readiestramiento en protocolos de órdenes de protección; adiestramiento continuo al personal de los agentes administradores de los residenciales; validar la disponibilidad de servicios de salud mental; enmiendas al reglamento de programas de desvío; apertura de más salas especializadas de violencia doméstica, entre otras.
