SAN JUAN – La contralora Yesmín Valdivieso informó el miércoles, que emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales relacionadas con los controles administrativos e internos, y las áreas de compras y propiedad de la Corporación en representación del Programa de Salud Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
El Informe revela que del 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre de 2016, el Joint Oversight Committee (Comité) que se estableció como parte del acuerdo entre el Departamento y la Corporación contratada para administrar el Programa de Salud Correccional, solo se reunió seis veces en un periodo de tres años y medio. El Comprehensive Agreement firmado en el 2012, establece que ambas partes se reunirían con una periodicidad mensual para monitorear el cumplimiento de los indicadores de desempeño o atender cualquier otro asunto relacionado a los servicios de salud, detalló Valdivieso.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.
La auditoría de tres hallazgos señala que del 2014 al 2016 la posición de director o Medical Liaison Office estuvo vacante, contrario a lo estipulado en el Comprehensive Agreement. Una de las funciones de esta posición es verificar el cumplimiento de los términos del acuerdo entre el Departamento y la Corporación.
Mencionó que los auditores identificaron que dos empleados de la Corporación; la oficial de compras y un director corporativo, preparaban, registraban y aprobaban las órdenes de compra. Estas funciones conflictivas propician el ambiente para que se cometan irregularidades y que las mismas no se puedan detectar a tiempo.
El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de mayo de 2017 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
