Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN – Como parte de las acciones para atender los problemas sociales que se han visto agudizados en las últimas décadas en el País y, de cara a un proceso de reingeniería del gobierno, la Cámara de Representantes junto con el Departamento de la Familia y la Universidad de Puerto Rico (UPR) firmaron hoy, un acuerdo de colaboración para elaborar un Plan de Acción Integral de Desarrollo Social para Puerto Rico. El anuncio trascendió durante la celebración de la segunda reunión del pleno del Consejo Especial para Atender la Desigualdad Social.
Perelló Borrás explicó que el esfuerzo surge de la Resolución Conjunta 65 (R.C.C.1), por medio de la cual se decretó un Estado de Situación Social Apremiante en Puerto Rico. Argumentó que era necesaria una evaluación de los programas de ayuda social, a la luz de los recursos fiscales, para establecer las iniciativas a corto, mediano y largo plazo que permitan atender las necesidades de los sectores más vulnerables. Precisó, además, que el proyecto requiere de la participación del Gobierno, la Academia y los sectores no gubernamentales.
“No podemos ignorar que una población significativa de los puertorriqeuños vive bajo los niveles de pobreza, que los casos de personas sin hogar, de abuso contra menores, de violencia doméstica, de jóvenes que no culminan sus estudios, de jóvenes y adultos con condiciones de salud mental son cada vez más comunes”, afirmó el líder cameral. “Pero, para atender esa criris social, lo primero que, como País y como gobierno, tenemos que hacer es reconocerla. La Resolución Conjunta 65 fue ese primer paso, el de reconocer que enfrentamos una crisis social. Nuestra sociedad necesita estar emocionalmente estable, sentirse segura y lista para echar el resto para sacar hacia delante nuestro País. De la única manera que vamos a lograr esto, es teniendo una radiografía certera de los patrones de desigualdad social que existen en Puerto Rico”, añadió.
El proyecto de análisis de los programas de ayuda social estará bajo la coordinación de la doctora Palmira N. Ríos González, decana de Asuntos Académicos de la UPR, Recinto de Río Piedras. El ejercicio pretende, entre otros objetivos, identificar los ejes centrales de exclusión en Puerto Rico; desarrollar instrumentos de evaluación que permitan responder a la crisis social con mecanismos efectivos de inclusión social; y fortalecer las competencias del personal del Departamento de la Familia para la implementación de políticas de inclusión social. En el mencionado proyecto, participarán docentes-investigadores de las Escuelas Graduadas de Planificación, Administración Pública y de Trabajo Social, así como estudiantes a nivel graduado y sub graduado.
La propuesta de trabajo incluye, entre otros, el desarrollo de una página web para la diseminación de información; eventos para el análisis del estado social de Puerto Rico con expertos locales e internacionales; y seminarios para la formación de funcionarios públicos y de sectores no gubernamentales en la evaluación de políticas públicas. Asimismo, la medida propiciará el establecimiento de acuerdos de colaboración con entidades nacionales e internacionales especializadas en políticas públicas para la inclusión social; la preparación de un directorio de organizaciones no gubernamentales que prestan servicios sociales; y un informe anual del Estado del Desarrollo Integral Social en el País.
Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Idalia Colón Rondón, como presidenta del Consejo Especial, se mostró complacida con la firma del acuerdo que fortalece la investigación y la evaluación de los programas para desarrollar política pública para atender sectores sociales que viven en condiciones de vulnerabilidad. “A través de mecanismos confiables de medición podremos evaluar propuestas basadas en evidencia científica, de manera que podamos desarrollar proyectos y ser más exitosos en la búsqueda de resultados y hacerlos más competitivos en la obtención de fondos”, manifestó.
En el encuentro, donde participaron legisladores, miembros del Ejecutivo, así como de las organizaciones no gubernamentales se constituyó un Comité Coordinador para agilizar la toma de decisiones y darle seguimiento al plan de trabajo que impulsará el desarrollo y ejecución de esta investigación que comenzará en las próximas semanas.
