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SAN JUAN – Los alguaciles, de las 13 regiones judiciales, reclaman ser catalogados como funcionarios de alto riesgo. Esto debido a las funciones que realizan como parte del servicio que brindan a los tribunales de la isla. El catalogarlos como funcionarios de alto riesgo resultaría en beneficios que van desde la seguridad de quienes se desempeñan en estas funciones, así como la oportunidad de recibir incentivos provistos por los gobiernos a nivel estatal y federal, denunció el presidente de la Asociación de Empleados del Poder Judicial, Amircal Gerena.
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El reclamo cobra notoriedad ante los hechos ocurridos, ayer martes, en donde un hombre y una mujer fueron asesinados en las afueras de la Sala de Investigaciones del tribunal de Caguas al suscitarse un tiroteo. “Aunque parezca insólito, esta fuerza de ley y orden (los alguaciles) no está amparada por la legislación que los consideraría en la misma categoría que la policía, los guardias correccionales y otros profesionales”, denunció Gerena.
“Ayer por la tarde quedó completamente claro y evidente que estos valerosos hombres y mujeres, que día a día, se levantan exponiendo sus vidas en servicio al país y en protección de la ciudadanía, no son catalogados como funcionarios de alto riesgo por la labor que realizan”, explicó Gerena.
Conforme establece la descripción de labores de los alguaciles, estos son los encargados de velar por la seguridad en las cortes y tribunales de todo el país. El presidente Gerena abundó: “La mayoría de los alguaciles realizan un sinnúmero de funciones que a menudo pasan inadvertidas para la ciudadanía. Los alguaciles y alguacilas somos funcionarios de ley y orden. Ejecutamos órdenes de arresto, brindamos apoyo a agencias federales como los U.S. Marshall y otras, a la policía de PR y a otros cuerpos”.
Otras de las labores que, a juicio del alguacil Gerena, realizan los alguaciles y que atentan contra su seguridad incluyen desalojos, lanzamientos, embargos. De igual forma se encuentran el ejecutar órdenes de protección, el manejo de casos de menores, pacientes de salud mental, subastas, entre otros. “Muchas de las funciones que realizamos ponen en riesgo nuestra vida y propiedad a diario. Ante este escenario es crucial que se atiendan nuestros reclamos y que nos catalogan como funcionarios de alto riesgo», reclamó Gerena.
Hace unos meses, la Asamblea Legislativa tuvo ante su consideración el Proyecto de Ley 504, que catalogaba a estos funcionarios como de alto riesgo. El mismo fue vetado por el gobernador Pedro Pierluisi después de su aprobación en ambos cuerpos legislativos. «Continuaremos luchando para que se reconozca nuestra labor y para que se aborde nuestra precaria situación salarial, en la que algunos compañeros recibieron tan solo $1, $20, $50, tras la implementación del Plan de Retribución. Hacemos un llamado a la Junta de Supervisión Fiscal, al gobernador y a la Legislatura para que atiendan con prontitud este asunto y nuestros reclamos», insistió Gerena, quien adelantó que continuará reclamando y llevando el mensaje de justicia para los empleados del Poder Judicial.
