SAN JUAN – El Senado de Puerto Rico aprobó unánimemente el P. del S. 664, de la autoría del Portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez. La medida tiene el fin de establecer expresamente que la Certificación de Destrezas Académicas, Funcionales y de Pre-Empleo que se le expide a los estudiantes de educación especial que advienen a la mayoría de edad tenga los mismos efectos legales que un diploma de Escuela Superior al momento de solicitar empleo.
El Proyecto del Senado 664 busca viabilizar la oportunidad de estudiantes de educación especial para conseguir empleo una vez culminan la etapa escolar y advienen a la mayoría de edad.»
El legislador independentista se mostró satisfecho con la aprobación de la medida y subrayó que el proyecto busca acabar con las restricciones a las que se enfrentan muchos de los estudiantes adscritos al programa de educación especial al momento de intentar entrar al mercado laboral. “La aprobación de esta medida es un paso importante para acabar con un sistema que condena a la inmensa mayoría de los estudiantes adscritos al Programa de Educación Especial, luego de concluir la etapa escolar y haber cumplido con los requisitos de su Programa Educativo Individualizado, al desempleo y a la dependencia porque no cuentan con los medios y/o circunstancias que les permitan cumplimentar los requisitos convencionales para obtener una Certificación de Grado (diploma) de escuela superior o tomar y/o aprobar un examen de equivalencia de grado, que les permita desempeñarse laboralmente en una inmensa diversidad de empleos conforme a su inteligencia, capacidad y empeño”.
El senador Dalmau Ramírez puntualizó que la medida enmienda la Ley Ley 53-2016, denominada “Ley para la Certificación de Destrezas Académicas, Funcionales y de Pre-Empleo para Estudiantes con Impedimentos”, para establecer de forma indiscutible que la Certificación objeto de esta Ley tendrá el mismo valor y efecto legal que un diploma de Escuela Superior al momento de solicitarse un empleo cuyos requisitos sean cónsonos con las destrezas demostradas por el candidato. Además, se enmienda la Ley 263-2006 para garantizar la existencia de un recurso judicial asequible, en caso de que, tras agotarse los remedios administrativos establecidos, el Departamento de Educación incumpla con las disposiciones de este estatuto.
El Portavoz senatorial del PIP invitó a seguir el curso de este proyecto, que ahora se dirige a la Cámara de Representantes y, de aprobarse, a la firma del Gobernador.
