SAN JUAN – El senador independiente José A. Vargas Vidot, junto a sus homólogos del Partido Nuevo Progresista (Carmelo J. Ríos Santiago, Henry Neumann Zayas y Larry Seilhamer Rodríguez) y del Partido Popular Democrático (Miguel Pereira, Eduardo Bhatia Gautier y José Luis Dalmau Santiago), realizaron un llamado en reclamo por justicia para que los menores no sean tratados como adultos en procedimientos criminales.
Asimismo, en la mañana del jueves se convocó a una rueda de prensa en donde los senadores repudiaron las acciones de los Procuradores de Menores en contra de la niña de 11 años de edad, Alma Yarida Cruz, natural de Carolina y estudiante de educación especial. La niña fue acusada el 2 de diciembre de 2016 por dos compañeras de clases de haberlas amenazado con tirarlas (a ambas) por unas escaleras y de usar lenguaje soez, mientras empujaba a la otra niña por el pecho. Tal acción ha sido negada por la niña Alma Yadira y, al contrario, esta, alega que las dos jovencitas, tenían un patrón de hostigamiento contra su persona desde cuarto grado. Actualmente, todas cursan el sexto grado.
Tras la vista de aprehensión, Alma Yarida fue arrestada y ahora enfrenta cinco cargos en el Tribunal de Menores: uno por agresión simple, dos por amenaza y otros dos por alteración a la paz. El incidente, objeto del caso, ocurrió en el mes de diciembre de 2016. Cuando Alma Yarida regresó a la escuela en enero de 2017, el director Domingo Leduc no permitió que se matriculara para ese semestre escolar.
Para que el pueblo de Puerto Rico sea testigo de este insólito proceso criminal, en contra de una menor de 11 años, negra y de escasos recursos, la representación legal de la imputada renunció a su derecho de confidencialidad del proceso. Por ende, la honorable jueza accedió a la entrada de los medios y del público. Sin embargo, los Procuradores de Menores, Carlos Alonso Sánchez, Noemí Rivera De León y Mariana Pérez Cordero, propusieron impugnar la determinación del Tribunal de Primera Instancia y acudir al foro apelativo, alegando que la entrada de la prensa solo, haría del proceso uno más traumático para las “victimas” acusadoras. A pesar de que hubo una vista programada para el 15 de agosto de 2017, tuvo que ser suspendida; pues, aún, no había bajado la determinación del foro apelativo. Actualmente, el proceso criminal en contra de Alma Yadira se encuentra en suspenso hasta tanto no se emita un fallo.
El pasado mes de mayo, los senadores José A. Vargas Vidot, Carmelo J. Ríos, Henry Neumann, Larry Seilhamer, Miguel Pereira, Eduardo Bhatia, José Luis Dalmau y los demás miembros del caucus del Partido Popular en el Senado, presentaron ante la Asamblea Legislativa el P. del S. 489, el cual viabiliza una Reforma al Sistema de Justicia Juvenil de Puerto Rico. Entre los cambios que propone la medida, se resalta establecer que la jurisdicción de Tribunal de Menores será ejercida sobre los menores entre la edad de 13 años y menores de 18 años. De esa manera, se establece una edad mínima. De igual modo, se requeriría el agotamiento de remedios administrativos establecido en el sistema de educación pública, evitando que los menores lleguen al tribunal. También, se prohibiría el uso de restricciones mecánicas, el confinamiento en solitario a menores durante el período carcelario, entre otros cambios.
Por otro lado, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico, presidida por el senador Henry Neumann, realizó una vista pública en la cual compareció la Policía de Puerto Rico, la Sociedad para la Asistencia Legal y el Departamento de Justicia. La Comisión emitió un Informe Positivo sobre la medida y la misma, espera por acción ulterior del Senado y posteriormente, de la Cámara de Representantes.
«Actualmente, la Ley de Menores requiere transformarse a una menos punitiva y más rehabilitadora. Hay que estudiar profundamente el trasfondo de los casos atendidos en el Tribunal de Menores, sus causas y consecuencias. ¿Cuál es el entorno familiar, social, educativo, moral, de ese menor? Continuar perpetuando un enfoque punitivo para atender la incidencia criminal, ha demostrado ser ineficaz en la mayoría de los casos. Apoyo el P. del S. 489, como paso afirmativo en el proceso para atender con más particularidad cada caso y la realidad de los menores que cometen delitos. Es un fracaso de la justicia dar paso a nuevas leyes que insistan en el tratamiento criminal punitivo severo», indicó el senador Miguel Pereira.
“Ciertamente, el P. del S. 489 es una pieza de avanzada para un sistema de justicia que, en ocasiones, se ha comportado unilateralmente. De igual modo, han estado polarizadas las decisiones… y solapadamente, hemos sido testigo de los prejuicios sociales ante la falta de recursos o, en el peor de los casos, perseguidos por el estigma de la pobreza. Cuando trabajamos con menores, y aún más, basados en la Ley de Menores, debemos romper con aquellas cadenas de maltrato (incluyendo la humillación institucional) que marcan la vida de un ser humano en pleno desarrollo y que alteran e impactan “negativamente” su complejo entorno social. Es una cadena de eventos compleja que requiere de sensibilidad, sapiencia, sensatez, con enfoque educativo y científico. No podemos tirar por la borda todo aquello que nos distingue como personas capaces para articular una ley que sea sanativa y a la altura de los tiempos”, manifestó el senador Vargas Vidot.
“Es meritorio destacar que la intervención de los funcionarios escolares es vital para evitar que este tipo de situaciones lleguen a los tribunales de nuestro país. El personal del plantel debe canalizar de forma adecuada las alegadas discrepancias entre los estudiantes ya que de no hacerlo se someterían ambas partes a un proceso judicial que afectaría grandemente a los menores. La prioridad nuestra es la estabilidad emocional de estos niños y jóvenes. En caso de que finalmente se requiera la intervención del Tribunal, estamos seguros de que a través de esta medida se dará paso a que los menores sean sometidos a procesos judiciales justos y conforme a su edad”, expresó el Portavoz de la mayoría senatorial, Carmelo J. Ríos.
“La alternativa para resolver los conflictos entre menores, jamás puede ser penalizar o encarcelar. Tenemos que dar las herramientas para prevenir esta conducta y proveer la atención interdisciplinaria fuera del sistema penal”, indicó el senador Henry Neumann Zayas.
