SAN JUAN – El presidente de la Junta de Directores de Bonistas del Patio, Rafael Rojo, dijo el miércoles, que son ellos, los más afectados y vulnerables con la determinación de pedir la quiebra bajo Título III, supuestamente, por la presión creada por las determinaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF).
“La solicitud para Título III hecha hoy por el Gobernador Ricardo Rosselló, es un resultado que se pudo haber evitado si la Junta de Control Fiscal no hubiera ahorcado las negociaciones, al destinar un pago ínfimo a los acreedores de 787 millones de dólares o sólo el 24 por ciento de lo que se debe en promedio anual, y no querer ordenar el mismo de acuerdo a la jerarquía legal de cada emisor. Al hacer esto, la Junta Fiscal sabía que provocaría la lluvia de demandas que estamos viendo y el Titulo III resultaría inevitable”, denunció Rojo, en declaraciones escritas.
“Esta vía es altamente desventajosa para los bonistas locales más vulnerables y las cooperativas de la isla, y la misma sólo se cura proveyendo una solución que haga justicia y mitigue el impacto severo de las pérdidas que recibirán miles de puertorriqueños que depositaron sus ahorros en bonos del Gobierno de Puerto Rico. Esa justicia al bonista local ha sido prometida por el Gobernador y los presidentes de los cuerpos legislativos, y nos sentimos confiados que honrarán sus palabras”, añadió.
Manifestó también que los Bonistas del Patio esperan que los miembros de la JCF “reconozcan el impacto positivo para Puerto Rico de mitigar las pérdidas que realizarán los bonistas locales y hacerles justicia, pues al final del día, queda claro que la ruta de Título III pone al bonista local como el más afectado por la austeridad que tanto se repudia”.
La JCF activó el Título III de la Ley PROMESA que provee para la protección de quiebras para el Gobierno de Puerto Rico y varias de sus entidades, en vista de la expiración a la media noche del lunes de la moratoria contra litigios dispuesta en la ley federal.
Esta organización representa a más de 60,000 ahorristas puertorriqueños a los que el gobierno les adeuda sobre 15,000 millones de dólares del total de la deuda pública.
