Por: Redacción Presencia
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SAN JUAN- La fiscal federal en la Isla, Rosa Emilia Rodríguez, informó hoy que un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico devolvió siete acusaciones contra 13 personas acusadas de robo de dinero público y robo de identidad agravado.
La funcionaria indicó en un comunicado de prensa que los agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS) con la asistencia de los oficiales de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) ejecutaron los arrestos.
Según Rodríguez, de los 13 imputados, nueve están acusados de conspiración para enriquecerse injustamente a sí mismos mediante la obtención fraudulenta de devolución de impuestos del Tesoro de Estados Unidos a los que no tenían derecho. Los miembros de la conspiración presentarían declaraciones fraudulentas de impuestos federales utilizando nombres y números de seguro social de las personas sin su conocimiento o autoridad.
La fiscal federal detalló que los acusados designaron direcciones de correo donde se enviaban las devoluciones de impuestos que no eran las direcciones de las personas cuyas identidades fueron utilizados para presentar las planillas falsas. En base a estas declaraciones fatulas de impuestos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió los reembolsos a espaldas de las personas cuyos nombres y números de cuentas de seguro social fueron utilizados de manera fraudulenta.
Por otro lado, Rodríguez explicó que los miembros de la conspiración tendrían forjar el respaldo de la persona cuyo nombre estaba en cada cheque como el destinatario del reembolso. Entonces negociaban y hacían que los cheques fueran depositados a cambio de dinero en efectivo.
Asimismo, la fiscal federal detalló que en caso de una condena de una o más de las violaciones de la acusación, no se les reembolsará a los Estados Unidos cualquier propiedad, real o personal que constituya o se deriva de las ganancias como provenientes de la infracción. La propiedad que se ejecutará incluye, pero no se limita, a la cantidad de $1.18 millones.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia de hasta 10 años de prisión, una pena mínima de dos años de prisión y una pena de hasta cinco años de prisión.
