CANÓVANAS – La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, anunció un acuerdo con la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico, destinado a garantizar el cumplimiento de la Ley 408 de 2000, conocida como la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, según enmendada. Esta ley establece un sistema robusto de intervenciones, actividades de prevención, canalización de tratamiento, recuperación y rehabilitación para personas que padecen condiciones de salud mental.
“El acuerdo se centra en apoyar a líderes comunitarios y religiosos, directores de escuela, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, epidemiólogos y personal de apoyo del programa municipal de rastreo de COVID-19, así como a la policía municipal y al personal de manejo de emergencias, entre otros. Estos sectores claves recibirán los recursos y la capacitación necesarios para garantizar un manejo adecuado de los problemas de salud mental, en especial en el contexto de los desafíos presentados por la pandemia de COVID-19″, explicó Soto Villanueva, junto a la directora del programa Canóvanas Saludable, Luz Jiménez, y el administrador de servicios de salud municipal, licenciado Ramón Pabón.
«La salud mental es uno de los pilares de nuestra gestión, desde que fui senadora y ahora como alcaldesa, este tema ha sido primordial en mis ejecutorias. Este acuerdo fortalecerá la colaboración entre diversos sectores para ofrecer un apoyo efectivo y necesario a aquellos que lo necesitan, asegurando que el bienestar mental de nuestra comunidad sea una prioridad», expresó la alcaldesa.
En el evento, se discutieron temas como el impacto del COVID-19 en los pacientes de salud mental, el cual fue abordado por el licenciado Pabón, quien presentó un análisis detallado sobre cómo la pandemia ha afectado la salud mental de los pacientes, y los retos jurídicos y de manejo que esto ha generado en la atención médica. Además, se presentó el tema Programa de Asistencia Legal en Procesos de Salud Mental y Remedios Legales bajo la Ley Núm. 408-2000 para líderes. Esta conferencia, impartida por el licenciado y trabajador social Luis Enrique Romero, discutió los recursos legales disponibles para pacientes de salud mental bajo la Ley 408, metodología de intervención, normas y procedimientos en los tribunales, haciendo énfasis en el apoyo que brinda el programa de asistencia legal para garantizar los derechos de los pacientes.
«Ambas ponencias subrayaron la necesidad de una cooperación intersectorial para atender la salud mental, combinando esfuerzos entre profesionales médicos, legales y comunitarios. Este acuerdo asegura que los líderes locales tendrán acceso a las herramientas necesarias para seguir adelante con el cumplimiento efectivo de la Ley de Salud Mental», enfatizó la primera ejecutiva municipal.
