SAN JUAN – La organización sin fines de lucro Consumer Defense Alliance de Puerto Rico exhortó a los ciudadanos que se encuentran enfrentando procesos de ejecución de hipotecas residenciales, con entidades financieras que compraron dicha deuda, a contactar sus oficinas para una orientación gratuita.
“No cabe la menor duda que mucha gente se encuentra enfrentando un proceso de ejecución de hipotecas, mirando a ser desahuciados de sus casas. En muchos de estos casos, es una compañía la que tramite dicho proceso, pues adquirieron lo que equivale como el pagaré de la casa a precio de descuento, por ejemplo si el valor restante de la hipoteca era de $100,000, ellos la compran al banco en $60 mil; sin embargo, a ustedes le solicitan para los 100 mil originales. Esa práctica no es la más correcta”, comentó el licenciado José F. Gerbolini, presidente de la Consumer Defense Alliance de Puerto Rico.
“Si usted es uno de miles de puertorriqueños enfrentando un proceso similar, aquí en la Consumer Defense Alliance de Puerto Rico nos encontramos listos para orientarlos, porque tienen derechos. No están solos en esto. Pueden llamarnos al 787-503-5353 para recibir una consulta sobre este asunto”, añadió el letrado.
De acuerdo a cifras disponibles, en el 2023 se ejecutaron unas 2,315 hipotecas, un 4.75 por ciento más que en el 2022. Muchas de estas hipotecas pertenecen a unidades de residencias, algo que actualmente escasea en Puerto Rico.
Gerbolini indicó que el Proyecto del Senado 827, el cual provee una seguridad a los ciudadanos que, por razones ajenas a su control, han incurrido en deudas con el pago de las hipotecas estableciendo nuevamente la plataforma del retracto de crédito litigioso, que evita la práctica antes mencionada, se encuentra en el escritorio del Gobernador para su evaluación y eventual firma.
La medida, de la autoría del senador por el Distrito de Bayamón, Carmelo Ríos, fue aprobada por la Cámara de Representantes el 23 de junio. El 30 de junio, el Senado concurrió con las enmiendas introducidas en la Cámara Baja. El proyecto pasa ahora a la Fortaleza para la evaluación del Primer Mandatario.
“Esta figura (retracto de crédito litigioso) permite a un deudor extinguir una obligación pagando el mismo precio que el cesionario de su crédito pagó por el mismo, cuando al momento de la cesión hay un litigio pendiente en relación con aquella. Esta medida pone fin a la práctica de algunos de imponer mayores cargos a la obligación, en esencia colocando un ‘markup’ que en la mayoría de los casos se le hace imposible al deudor pagar, forzando la ejecución de su propiedad. Este proyecto evita precisamente eso, por esa razón estamos solicitando al Gobernador que lo convierta en ley a la mayor brevedad posible”, sostuvo.
El retracto de crédito litigioso se define como la posibilidad permitida al deudor de cancelar la deuda pagando el mismo precio abonado por el cesionario al cedente. La cesión de créditos es un negocio jurídico celebrado por el acreedor (persona o empresa que tiene a su favor un crédito y que se denomina cedente) con otra persona que lo adquiere o compra (denominada cesionario).
La Consumer Defense Alliance de Puerto Rico, es una organización sin fines de lucro que defiende los derechos de los consumidores en la isla.
