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SAN JUAN – El exdirector de Obras Públicas del Municipio de Guayama, Ramón Conde Meléndez y el exdirector de Obras Públicas de Cataño, Pedro Marrero Miranda, también en Puerto Rico, fueron sentenciados a dos años y dos años y 6 meses de prisión, respectivamente, por su participación en esquemas de soborno separados en los que recibieron pagos en efectivo a cambio de aprobar pagos de facturas para una empresa de asfalto y pavimentación, informaron el jueves las autoridades federales.
Según los documentos judiciales, Conde Meléndez, de 56 años, fue director de Obras Públicas en el municipio de Guayama desde 2013 hasta 2022.
En 2019 y 2021, Conde Meléndez acordó recibir y recibió pagos en efectivo de un individuo (Individuo A) a cambio de certificar que la empresa de asfalto y pavimentación (Empresa A) realizó obras de asfalto en el municipio. La certificación se requería para la aprobación de facturas de pagos del municipio de Guayama a la Empresa A. En 2019 y 2021, Conde Meléndez recibió pagos de sobornos, equivalentes a 1 dólar por cada metro cuadrado de asfalto removido por la Empresa A, que sumaron más de 15,000 dólares.
Además de la pena de prisión, fue condenado a dos años de libertad supervisada.
En mayo de 2022, Conde-Meléndez se declaró culpable de conspiración para cometer sobornos en programas federales.
Mientras, según documentos judiciales, Marrero Miranda, de 54 años, fue director de Obras Públicas en el municipio de Cataño desde 2017 hasta 2021. En 2019, 2020 y 2021, Marrero-Miranda acordó recibir y recibió pagos en efectivo del Individuo A y otro individuo (Individuo B) a cambio de la distribución de proyectos de remoción de asfalto por parte del municipio de Cataño a la Empresa A, y la certificación de facturas por pagos del municipio de Cataño a la Empresa A.
Específicamente, Marrero-Miranda recibió múltiples pagos de sobornos equivalentes a aproximadamente 1 dólar por cada metro cuadrado de asfalto removido por la Empresa A en el municipio de Cataño, lo que sumó más de 40,000 dólares.
Además de la pena de prisión, fue condenado a tres años de libertad supervisada. En junio de 2022, Marrero Miranda se declaró culpable de conspiración para cometer sobornos en programas federales.
El fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia; el fiscal federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico; el subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI; y el agente especial a cargo Joseph González de la oficina local del FBI en San Juan hicieron el anuncio.
La Oficina de Campo del FBI en San Juan investigó los casos.
El abogado litigante Nicholas Cannon de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Seth Erbe para el Distrito de Puerto Rico procesaron los casos.
