Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico. (Foto/Suministrada)
SAN JUAN – Luego de que el gobierno de Puerto Rico, de manera proactiva y por conducto del secretario del Trabajo, Lcdo. Carlos Rivera Santiago, desde el jueves 22 de julio entrara a mediar en el conflicto obrero-patronal entre la unión de trabajadores International Longshoremen’s Association (ILA local 1740) y la empresa Luis Ayala Colón, Sucrs. Inc., el gobernador Pedro R. Pierluisi elevó el reclamo al presidente de los Estados Unidos Joe Biden, al Federal Mediation and Conciliation Service y al National Labor Relations Board para que intervengan en el conflicto.
“Se han evaluado todas las leyes aplicables para determinar las alternativas de intervención del gobierno con miras a terminar esta controversia que ha estado afectando nuestra economía. Estuvimos insertados de manera proactiva y voluntaria en el proceso de negociación, a través del secretario del Trabajo, en calidad de mediador. Al día de hoy, después de dos días más de intensas negociaciones, lamentablemente las partes no han logrado llegar a un acuerdo. Dado que la situación ha creado un impacto significativamente negativo en la cadena de distribución de bienes en Puerto Rico y el comercio interestatal e internacional, he recurrido a solicitarle al presidente Biden que invoque las disposiciones de la Ley Taft-Hartley para que el gobierno federal evalúe la posibilidad de intervenir y solicitar un interdicto judicial”, sostuvo el gobernador.
Previo a tomar esta determinación se evaluó el derecho aplicable al conflicto obrero patronal que determina que el Gobierno está impedido bajo la ley federal y estatal de solicitar un interdicto judicial para detener el paro en lo que las partes continúan sus negociaciones. La Ley 50 de 4 de agosto de 1957 y la Ley Federal Norris-La Guardia establecen que un gobierno estatal no puede intervenir en un conflicto obrero patronal privado, salvo que ocurran actos ilegales o de violencia. Ante esto, la intervención del gobierno se ve limitada a actuar únicamente como mediador. Al recurrir a la Ley Taft-Hartley se persigue que el gobierno federal intervenga y evalúe la posibilidad de proveer un remedio inmediato a la controversia.
De igual forma, el gobernador envió sendas cartas al Federal Mediation and Conciliation Service y al National Labor Relations Board, a este última para que agilice la resolución del caso sobre este particular que tiene ante su consideración. Mientras que la carta al Federal Mediation and Conciliation Service busca que este ente federal también entre a mediar entre las partes en el conflicto. Cabe destacar que la activación de la Guardia Nacional en este caso no es viable, ya que esta no cuenta con el personal debidamente adiestrado para operar las maquinarias que se utilicen en el proceso de descargar y estibar a gran escala los contenedores.
“Continuaremos evaluando todas las alternativas de acción a nuestro alcance para que finalmente termine este conflicto y logremos restablecer la importación y exportación de bienes en el puerto de San Juan”, enfatizó el primer ejecutivo.
