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VILLALBA – El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, pidió al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, paralizar el escrutinio y recuento de votos hasta que se remueva a Hugo Cruz Cruz, supuestamente contratista de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y líder del grupo del representante Jesús Manuel Ortiz, debido a falta de credibilidad y transparencia en el proceso electoral.
En una carta, Hernández Ortiz señaló que Cruz Cruz participó en las reuniones preparatorias como contratista de la CEE y en el Centro de Mando de Ortiz, lo que representa un conflicto de interés y una violación a la imparcialidad en el proceso electoral. El director de campaña, Jesús Santa, también solicitó la inhibición de Cruz Cruz del proceso en una misiva enviada el lunes.
“Hugo Cruz es contratista de la CEE y en todo este proceso estuvo inmerso directamente con información privilegiada trabajando el tema de la primaria especial, por ejemplo, este servidor participó de la reunión en la cual se discutió la apertura de colegios adicionales para darle accesibilidad al pueblo popular, para que fuese más fácil llegar a votar y puedo dar fe de que el contratista no tan solo estuvo en la reunión, sino que también estuvo en contra de que se abrieran más colegios. Este señor no solo participó del evento de la primaria, sino que tenía poder decisional y trabajó directamente en todo el proceso, el cual se supone que por su contrato, sea un funcionario imparcial”, expresó Hernández Ortiz en la carta
Ramón Torres, comisionado electoral del PPD, aseguró que el proceso electoral no se detendría por la petición del alcalde y que la Junta de Gobierno sería la entidad con la autoridad para tomar una decisión al respecto. Torres afirmó que Cruz Cruz solicitó la rescisión de su contrato con la CEE y, al hacerlo, se encuentra libre para trabajar con otros grupos sin restricciones.
Hasta el momento, no se ha tomado una decisión sobre la situación de Hugo Cruz Cruz en el proceso electoral. La Junta de Gobierno del PPD tendrá que evaluar las denuncias y tomar una decisión para garantizar la transparencia y la imparcialidad en el escrutinio y recuento de votos en Puerto Rico.
